Condenaron a un agente por cobrar coimas para ingresar droga y alcohol en la cárcel de General Roca

Un empleado del Servicio Penitenciario de Río Negro fue declarado culpable por cohecho pasivo luego de que la Justicia comprobara que participaba de una maniobra para ingresar droga y alcohol al Establecimiento de Ejecución Penal 2 de General Roca a cambio de dinero.

La jueza Laura Pérez concluyó que Néstor Fabián Pérez, quien trabajaba en el área de mantenimiento del penal, aceptaba pagos para facilitar el ingreso de elementos prohibidos a un pabellón de internos. La investigación se apoyó en conversaciones de WhatsApp, transferencias bancarias y el secuestro de un celular dentro de la cárcel.

El fallo dejó acreditado que existió un acuerdo ilegal entre el penitenciario y un interno, aunque no se haya podido probar que las sustancias efectivamente ingresaron al penal. Para la magistrada, el delito quedó consumado desde el momento en que el acusado aceptó la promesa de dinero.

La requisa que destapó la maniobra

El caso comenzó el 12 de agosto de 2022, cuando personal penitenciario realizó una requisa tras detectar movimientos sospechosos dentro de uno de los pabellones del penal de Roca.

La alarma inicial estaba vinculada a posibles intentos de fuga. Según se ventiló en el juicio, algunos internos tomaban fotografías hacia sectores sensibles de la unidad, incluida la muralla perimetral.

Sin embargo, durante el procedimiento apareció un elemento clave: un celular desbloqueado que contenía conversaciones comprometedoras con un contacto agendado como “El Gil”, posteriormente vinculado con Pérez.

Chats explícitos y pagos acordados

Los mensajes encontrados fueron determinantes para la causa. Allí se hablaba de “mari, pastillas y alcohol etílico”, además de montos concretos de dinero para concretar el ingreso de esos elementos.

En uno de los intercambios, el interno mencionaba “10 lucas” y detallaba que “cuatro” eran para el penitenciario “por el favor”.

Para la Justicia, esas conversaciones demostraron que no se trataba de un episodio aislado, sino de una negociación directa con reparto de dinero incluido.

La sentencia consideró acreditado el delito de cohecho pasivo, figura que castiga al funcionario público que recibe o acepta beneficios económicos a cambio de incumplir sus funciones.

El rastro del dinero complicó al acusado

La investigación avanzó luego sobre las transferencias bancarias.

Según se expuso durante el juicio, el 7 de agosto de 2022 se realizaron dos envíos de dinero: uno de 4.500 pesos y otro de 5.500 pesos a una cuenta vinculada a la pareja del acusado.

Ese dato resultó clave porque el número de cuenta había sido enviado previamente en los chats bajo la referencia “mi señora”.

Además, los informes de telefonía revelaron que el número desde el cual se mantenían las conversaciones estaba registrado a nombre de la misma mujer, fortaleciendo el vínculo entre Pérez y la maniobra investigada.

Un penitenciario con acceso a sectores sensibles

Otro de los puntos que pesó en la sentencia fue el rol que ocupaba el acusado dentro del penal.

Pérez trabajaba en el área de mantenimiento y tenía acceso a distintos sectores del establecimiento, una posición que le permitía ingresar elementos con mayor facilidad.

Durante el juicio incluso surgió que el propio imputado reconocía contar con esa posibilidad.

Para la magistrada, esa situación agrava el cuadro porque el acusado tenía la responsabilidad de garantizar el orden y la seguridad dentro de la cárcel.

¿Por qué igual hubo condena si no se probó el ingreso de la droga?

La jueza Laura Pérez aclaró que el delito de cohecho no requiere que el acto ilegal se concrete completamente.

Según explicó en el fallo, alcanza con que el funcionario acepte la promesa de dinero a cambio de realizar una acción vinculada a su cargo.

Por eso, aunque no se acreditó que la droga y el alcohol hayan llegado efectivamente a manos de los internos, la responsabilidad penal quedó configurada.

La defensa cuestionó el celular secuestrado

La estrategia defensiva apuntó a desacreditar la prueba principal del caso: el acceso al celular encontrado durante la requisa.

Sin embargo, el planteo fue rechazado por la Justicia.

La magistrada sostuvo que el procedimiento estuvo justificado por razones de seguridad dentro del penal y remarcó que posteriormente se realizó una pericia forense ordenada judicialmente sobre el dispositivo.

También quedó descartada la acusación por incumplimiento de deberes de funcionario público, aunque por cuestiones técnicas relacionadas con el desarrollo del juicio y no por falta de gravedad institucional.

Qué pasará ahora con el penitenciario condenado

Con la culpabilidad ya declarada, el expediente ingresará ahora en la etapa de cesura, donde se debatirá la pena que deberá cumplir Néstor Fabián Pérez.

Las partes tendrán cinco días para presentar pruebas y argumentos antes de la audiencia en la que la Justicia definirá la condena concreta para el agente penitenciario.

Mientras tanto, el caso ya quedó marcado como uno de los episodios más graves de corrupción interna detectados en el penal de Roca en los últimos años.