Una madre y su hijo fueron condenados por comercialización de estupefacientes en una vivienda ubicada sobre Bahía Blanca, entre Libertad y Montevideo, donde también aceptaban objetos robados como forma de pago.

Según informó la fiscal María Eugenia Titanti, los compradores no solo abonaban con dinero en efectivo o billeteras virtuales, sino también con elementos previamente robados o hurtados, lo que permitió secuestrar televisores, equipos informáticos y otros bienes denunciados como sustraídos. Muchos fueron restituidos a sus propietarios.

Las condenas alcanzaron a ambos imputados por comercialización de estupefacientes y encubrimiento agravado por la habitualidad.

La información fue confirmada por Titanti en diálogo con La Primera Mañana, que se emite por AM550 La Primera. La fiscal remarcó que la acumulación de bienes no respondía a un depósito clandestino, sino a una modalidad económica ligada directamente al circuito de venta de drogas.

“No solo recibían dinero en efectivo o a través de billeteras virtuales, sino también elementos previamente robados o hurtados, que eran entregados como forma de pago por la sustancia”, señaló la fiscal.

Investigación reactivada por denuncias anónimas

La causa se reactivó a partir de denuncias anónimas que alertaron sobre la continuidad de la actividad ilícita.

Un primer procedimiento policial motivado por un hecho contra la propiedad en la zona permitió incautar estupefacientes y avanzar sobre la estructura delictiva.

Con nuevas medidas, la fiscalía identificó quién coordinaba la comercialización, quiénes atendían a los compradores; y cómo se realizaban los pagos alternativos.

Qué pasará con la vivienda

Titanti explicó que la Fiscalía impulsó el decomiso y la demolición del inmueble, aunque surgió una complicación: la propiedad está en proceso sucesorio desde 1997, y no pertenece de forma exclusiva a los condenados. Eso impedía avanzar sin afectar derechos de terceros.

Acuerdo final y plazo judicial

El acuerdo judicial establece que el domicilio seguirá clausurado y que los propietarios, familiares de los condenados, aceptaron la demolición.

Un juez ordenó un plazo máximo de seis meses para concretarla y así evitar que el lugar vuelva a ser utilizado como punto de venta de droga.