Este martes se retomó la audiencia por el crimen del roquense de 32 años, Julián Dobra, que el jueves había pasado a cuarto intermedio. El juez de revisión Emilio Stadler respondió a la impugnación presentada por la defensa de los cinco imputados. Por ahora, todo sigue igual.

Los acusados mayores seguirán en prisión preventiva, los menores en sus domicilios con custodia policial y la imputación continuará siendo de homicidio simple, doblemente agravado por el uso de arma, en calidad de partícipes primarios. A los adultos, además, se les agrava el delito por la participación de los menores de 18 años.

El juez de revisión resolvió este mediodía confirmar en todos sus términos la formulación de cargos y las medidas cautelares que pesan sobre los cinco imputados en la causa que investiga la muerte de Dobra. La decisión fue adoptada tras una audiencia que había comenzado la semana pasada, a raíz de un planteo de las defensas penales públicas, tanto de los imputados mayores de edad como de los menores punibles.

Durante la audiencia, los representantes del Ministerio Público Fiscal ratificaron la acusación presentada el pasado 9 de mayo. Expusieron los fundamentos del caso y repasaron las pruebas recolectadas hasta el momento, insistiendo en la validez de la formulación de cargos y las medidas cautelares dictadas en esa oportunidad por el juez de Garantías.

En respuesta a los cuestionamientos de las defensas, el juez revisor destacó que tanto la fiscalía como las defensas están habilitadas a investigar en esta etapa preparatoria del proceso penal. “La defensa, al igual que la fiscalía, tiene también la potestad de investigar y, en caso de entender que la teoría del caso difiere de la acusación, puede traer aquí su evidencia y postular una teoría diferente”, sostuvo el magistrado.

Además, el juez hizo referencia a la causa Solano, en la que todos los acusados fueron condenados como coautores, para argumentar que la falta de precisión sobre las acciones individuales de cada imputado no impide avanzar con responsabilidades penales. “La condena firme del caso Solano nos habla acerca de que la precisión del hecho no hace a que no se puedan declarar responsables penales a los implicados”, explicó.

Con esta resolución, la investigación penal preparatoria continuará con los cinco imputados bajo las medidas cautelares vigentes y con los cargos ratificados.

En una audiencia desarrollada el jueves 22 de mayo pasado, las defensoras oficiales de los cinco imputados por la desaparición y homicidio de Julián Dobra apelaron la resolución que convalidó la formulación de cargos y dispuso la prisión preventiva. Aunque tanto la fiscalía como las querellas se opusieron inicialmente a que se traten los recursos por desconocer su contenido, el juez de revisión habilitó el debate para garantizar el derecho de defensa.

Durante su exposición, la defensora de los tres adultos cuestionó la legalidad de la detención y la prisión preventiva, argumentando que la acusación era vaga, sin precisiones sobre las conductas atribuidas ni evidencias directas que vinculen a los imputados. Por ello, solicitó la revocatoria de los cargos y, subsidiariamente, que se reemplace la prisión preventiva por medidas menos restrictivas. La defensora de menores adhirió a esos planteos y agregó que no se detallaron fechas ni roles específicos, afectando así el derecho de defensa de los adolescentes.

Ante estos cuestionamientos, la acusación pidió un cuarto intermedio para preparar su respuesta. El juez accedió al pedido y dejó pendiente la resolución del planteo. Hoy, el juez tomó una decisión: todo sigue igual.

En una audiencia realizada el 9 de mayo, el Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra tres hombres y dos menores de edad por su presunta participación en el homicidio agravado por el uso de armas de Julián Dobra. Según la acusación, el grupo actuó como partícipe primario junto a un autor aún no identificado, colaborando en la ejecución del crimen, la ocultación del cuerpo y la destrucción de pruebas como el vehículo de la víctima, que fue hallado incendiado.

Todos los imputados quedaron bajo prisión preventiva por cuatro meses: los adultos en establecimientos penitenciarios y los menores en sus domicilios, con custodia policial hasta que se disponga el uso de tobilleras electrónicas.

La fiscalía presentó una amplia cantidad de pruebas recolectadas desde el inicio de la investigación, entre ellas testimonios, registros telefónicos, pericias forenses, elementos secuestrados en allanamientos y objetos con rastros hemáticos. Además, destacó que los implicados mantenían una relación previa con la víctima y que existen evidencias que los vinculan directamente con el ocultamiento del cuerpo, el arma y el vehículo.

Los padres de la víctima participaron de la audiencia con sus respectivos abogados querellantes, quienes respaldaron la acusación y destacaron la cantidad de pruebas reunidas hasta el momento.

El jueves pasado, el abogado querellante Oscar Pineda aseguró que "ninguno de los detenidos declaró" hasta el momento a pesar de que han pasado dos semanas y adelanto que "habrá nuevos testigos", que serán aportados por la querella.

Tomás Dobra, el padre de Julián, manifestó su descontento con la tarea del Ministerio Público Fiscal y pidió que se investigue también a la ex pareja de su hijo y a los últimos empleadores. "No ha habido avances ni ingreso de nuevas pruebas que incriminen a los imputados" indicó el padre.

Mientras tanto, la investigación continuará con más pericias. Entre ellas un nuevo estudio al cuerpo ya que la primer autopsia no confirmó una fecha aproximada de la muerte.

Además, aún está pendiente la pericia balística sobre un revólver calibre 22 secuestrado durante los allanamientos. Según Pineda, las heridas de bala que presentaba Dobra en la cabeza corresponden a ese calibre. La autopsia indicó que una de las balas quedó alojada en el cráneo, dado que el arma no tiene la potencia suficiente para atravesar el hueso dos veces. “La habrían disparado apoyada en la cabeza. Ese disparo fue el letal”, afirmó Oscar Pineda a LMCipolletti.

También se encuentran en análisis los teléfonos celulares secuestrados durante los procedimientos. “Ya abrieron el de Julián, pero aún no hay informe" detalló el abogado. Todos estos peritajes se están haciendo en la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITEL) de Viedma.

Sobre el vehículo de la víctima, que habría sido incendiado el 1 de mayo, el mismo día en que se encontró el cuerpo, Pineda indicó que se están haciendo pericias para detectar si hay rastros de ADN. “Es muy importante determinar la fecha de la muerte de Julián. Sabemos que el auto estuvo circulando por la ciudad antes de que lo quemaran”, agregó el letrado.