Ko-Ko despidió al chofer del viaje que dejó a una mujer en terapia intensiva

La empresa de transporte Ko-Ko despidió al chofer involucrado en el violento episodio ocurrido durante un viaje entre Neuquén y Allen que terminó con una mujer de 55 años internada en terapia intensiva tras sufrir una fractura vertebral. El hecho ocurrió hace dos semanas y generó fuerte repercusión en el Alto Valle.

Según relataron pasajeros que viajaban en la unidad, el conductor habría cruzado un badén a gran velocidad sin disminuir la marcha, provocando que varias personas salieran despedidas de sus asientos. La pasajera herida sufrió una caída violenta dentro del colectivo y quedó con lesiones de extrema gravedad en la columna.

Actualmente, la víctima permanece internada a la espera de una cirugía considerada clave para evitar secuelas permanentes. Mientras tanto, su familia reclama asistencia económica y médica, y denuncia que todavía no recibió respuestas concretas ni de la empresa ni de la aseguradora.

El viaje que terminó en una escena desesperante

Lo que comenzó como un traslado habitual en un colectivo interurbano terminó convertido en una situación caótica. Testigos aseguraron que el impacto dentro de la unidad fue tan fuerte que varios pasajeros golpearon contra los asientos y estructuras internas del micro.

La mujer de 55 años fue quien sufrió las peores consecuencias. Tras caer violentamente, quedó inmovilizada y con fuertes dolores. Los pasajeros comenzaron a exigir asistencia inmediata mientras el colectivo continuaba el recorrido.

En ese contexto, apareció un dato que ahora suma tensión al caso: según reconstruyeron testigos, fue un policía retirado quien obligó al chofer a modificar el trayecto y dirigirse de urgencia a un centro de salud.

El despido del chofer y la reacción de Ko-Ko

Con el caso instalado públicamente y bajo creciente presión social, Ko-Ko decidió despedir al conductor involucrado en el episodio.

La empresa, perteneciente a la familia Trappa y señalada históricamente por su posición dominante en el transporte interurbano del Alto Valle, tomó la medida dos semanas después del hecho.

Sin embargo, la decisión no logró desactivar el conflicto. La familia de la víctima sostiene que el problema central sigue sin resolverse: la mujer continúa internada y todavía espera definiciones sobre la cobertura de la intervención quirúrgica.

¿Qué denuncian los familiares de la víctima?

Los allegados de la pasajera cuestionan principalmente la falta de acompañamiento posterior al accidente.

Aseguran que hasta el momento no hubo respuestas claras sobre quién cubrirá los costos médicos derivados de la internación y de la futura operación. También plantean que el caso expone fallas en los protocolos de seguridad y asistencia dentro del servicio de transporte.

El reclamo no apunta solamente al conductor despedido. La discusión empieza a correr hacia posibles responsabilidades empresariales, controles internos y condiciones de seguridad en los viajes interurbanos.

Un caso que vuelve a poner bajo la lupa al transporte interurbano

El episodio generó preocupación entre usuarios frecuentes del servicio en el Alto Valle, donde miles de personas dependen diariamente de colectivos interurbanos para trasladarse entre ciudades.

La gravedad de las lesiones y los relatos sobre la demora en la asistencia volvieron a abrir interrogantes sobre:

• controles a los choferes,
• protocolos de emergencia,
• mantenimiento de unidades,
• y fiscalización estatal del servicio.

Especialistas en seguridad vial remarcan que maniobras bruscas o exceso de velocidad sobre badenes pueden generar lesiones severas dentro de unidades de transporte, incluso sin producirse choques.

Cómo sigue el caso

La mujer continúa internada en terapia intensiva mientras espera una cirugía decisiva para su recuperación. Por el momento no trascendieron medidas judiciales confirmadas contra el conductor despedido ni eventuales acciones civiles contra la empresa.

La familia insiste en que seguirá reclamando cobertura médica y responsabilidades por lo ocurrido.

El caso podría avanzar ahora en distintos frentes: investigaciones administrativas, reclamos judiciales y eventuales pedidos de control sobre el servicio interurbano en la región.